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Una protección social solidaria de toda(o)s y
para toda(o)s

La protección social es un derecho universal, incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. No obstante, 73% de la población mundial no goza actualmente de una protección social adecuada. Al mismo tiempo, la desigualdad en el mundo aumenta cada vez mas. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee el 50,4% de la riqueza mundial.

Para los signatarios de esta declaración, la protección social debe:

  • tener como objetivo asegurar a todo ser humano, durante todo el ciclo de vida, suficientes ingresos y acceso a servicios básicos de calidad, para que todos y todas puedan enfrentar los riesgos y los sucesos de la vida (por ejemplo desempleo, enfermedad, pérdida de ingresos, etc.).
  • consistir en un sistema integral basado en la solidaridad que incluya iniciativas y medidas estructurales y colectivas.

Por ello la protección social no puede ser comercializada. Se trata de un derecho individual y una responsabilidad colectiva y compartida para todos los actores de la sociedad.

Para realizar el derecho a la protección social de cada ser humano, a nivel global, y para disminuir la desigualdad pedimos lo siguiente:

1. Incluir el derecho a la protección social en leyes y tratados. 

Muchos países han suscrito tratados y declaraciones internacionales para la protección social, como el convenio 102 y la recomendación 202 de la OIT. Sin embargo, no todos los países aplican estos principios de manera consecuente. Todos los países deben realizar todos los esfuerzos para garantizar una protección social integral para todos y todas.

2. Garantizar un financiamiento sostenible y solidario para una protección social universal.

Investigaciones han  demostrado que la protección social es asequible. Por ello, se deben destinar suficientes recursos para implementar un sistema bien desarrollado de protección social a nivel nacional e internacional. Por ello pedimos una cooperación internacional que ayude a países en vías de desarrollo a recaudar impuestos eficientemente, a construir sistemas justos de contribuciones sociales, pero que también abogue por sistemas fiscales internacionales justos.

3. Involucrar a los actores sociales en la construcción y la gobernanza de la protección social.

Organizaciones sociales como sindicatos, mutualidades, organizaciones campesinas y de pequeños productores, organizaciones de la economía informal, están en la mejor posición  para entender los problemas que enfrenta la gente cuando no hay protección social. Éstos asimismo toman iniciativas allí donde los gobiernos fallan. Por ello los gobiernos tienen que involucrarlos en las políticas de protección social en sus países.

4. Implementar una política coherente a nivel nacional, regional e internacional que fortalezca la protección social.

Las políticas internacionales a menudo tienen efectos grandes en las capacidades de los países para construir una protección social integral y universal.  Las políticas de salud, de trabajo, de comercio, tributarias, de nutrición, agrícolas, energéticas, de vivienda, de educación, etc. tanto a nivel nacional e internacional deben ser coherentes con el derecho a la protección social. Las posiciones que toman los gobiernos sobre los acuerdos comerciales y los tratados de inversión,  así como sobre las políticas del Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio, deben fortalecer la protección social en lugar de debilitarla.